miércoles, abril 27, 2005

Algunos alcaldes del PP se niegan a casar a homosexuales


Expansión - Madrid

Problemas de conciencia y no considerar matrimonio la unión de dos personas del mismo sexo son las razones de algunos ediles del PP para no cumplir la ley que regula el matrimonio entre homosexuales.

“El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Esta frase añadida al artículo 44 del Código Civil, modificación que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso, ha desencadenado una fuerte polémica, aun cuando las bodas entre homosexuales no se podrán oficiar antes del verano.

A lo largo de estos seis días que han transcurrido desde la votación de la nueva ley, las críticas han ido in crescendo y ayer alcanzaron su nivel máximo (de momento). La chispa saltó cuando Lluis Fernando Caldentey, alcalde de la localidad barcelonesa de Pontons, del Partido Popular, justificó su negativa a casar a homosexuales porque “son personas taradas que nacen con una deformación psíquica o física”, y añadió que el matrimonio entre personas del mismo sexo es “inmoral”. Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar: las Juventudes Socialistas de Cataluña (JSC) anunciaron que el próximo sábado celebrarán una boda simbólica ante el ayuntamiento de Pontons, iniciativa con la que pretenden “dar una lección de derechos y dignidad frente a la barbarie verbal de ciertos individuos”, explicó Víctor Francos, primer secretario de la JSC.

El vicesecretario general del PP de Cataluña, Francesc Vendrell, calificó de “más que lamentables” las declaraciones de Caldentey, y subrayó que sus opiniones “no responden en absoluto al pensamiento del PP, por lo que las desautorizo totalmente y no puedo respetarlas de ninguna forma”. La actitud de la dirección del PP catalán fue agradecida por el portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, aunque advirtió que si el edil de Pontons persiste en su actitud de no casar a homosexuales, “existen soluciones legales en el Código Penal que castigan tanto a las personas que incitan a la discriminación y también a las autoridades o funcionarios que niegan la prestación de un servicio”.

Las recriminaciones hicieron poca mella en la actitud de Caldentey, que por la tarde reiteró que no casará a homosexuales porque “son deficientes para procrear y educar”, aunque aseguró que no impedirá que otros concejales de su ayuntamiento puedan hacerlo.

Afrentar la legalidadal
El lunes, tras la aprobación de la reforma del Código Civil, para que personas del mismo sexo puedan casarse en juzgados y ayuntamientos, el alcalde popular de Valladolid, Javier León de la Riva, anunció que “hoy por hoy, no voy a ejercer ese derecho y no voy a delegar en ningún otro concejal”, lo que no le impidió reconocer que no está en contra de que las parejas homosexuales tengan los mismos derechos, pero “la unión de personas del mismo sexo no puede ser llamada matrimonio”. El alcalde de Ávila, el también popular Miguel Ángel García Nieto, calificó la decisión de gesto de “buena hombría”, interpretada como de “buen hombre” porque actúa de acuerdo a su conciencia. Con todo, García Nieto no manifestó cuál será su modo de obrar, aunque dijo que cuando tenga la ley en la mano decidirá “en conciencia” si casa o no en su consistorio a homosexuales.

Mario Amilivia, alcalde de León, y también del Partido Popular, apeló a su “conciencia” y a su opinión de que reconocer los matrimonios entre homosexuales es un error para justificar su negativa a celebrar personalmente este tipo de bodas civiles, aunque aseguró que delegará esa labor en otros compañeros de corporación.

Una predisposición opuesta expresó el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez (PP), que afirmó: “Casaré cuando tenga que hacerlo a parejas homosexuales porque, aunque no compartamos la ley, desde el Consistorio vamos a estar en lo que diga la ley”, el mismo argumento que esgrimió el Ayuntamiento de Cádiz, dirigido por la popular Teófila Martínez. Esta decisión coincide con las afirmaciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que recordó que “las leyes están para cumplirlas”, aunque matizó que “en los ámbitos de la conciencia no entro”.

Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, afirmó que “le guste o no le guste la normativa legal, un juez no puede negarse a celebrar bodas civiles entre homosexuales, porque incurriría en un delito de prevaricación”.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, hizo un llamamiento a la “prudencia” frente a la actitud de algunos alcaldes de su formación, y reiteró su convicción de que “no había necesidad” de impulsar esta nueva ley, ya que supone “un grave error y genera tensión y conflictos”.

Llamamiento a la desobediencia
La negativa de algunos alcaldes del Partido Popular a oficiar matrimonios homosexuales se ha visto favorecida por el llamamiento que hizo el pasado viernes el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo quien, tras la aprobación de la ley española, hizo un llamamiento a los funcionarios para que se acojan a la objeción de conciencia y no casen a personas del mismo sexo.

El presidente del Pontificio Consejo para la Familia instó a los funcionarios a mantener esta actitud, incluso con el riesgo de perder su trabajo. Para el purpurado colombiano, “lo que se ha hecho en España, y además con una mayoría bastante reducida, es la destrucción de la familia ladrillo tras ladrillo”.

Ayer, la Conferencia Episcopal Española insistió en rechazar la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, por considerar que supone “introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social”.

En un comunicado explica que “fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema económico”, y califica de “error” la legalización de estas uniones. A su juicio, esta autorización es “radicalmente injusta y perjudicial para el bien común”.

Las disensiones también han llegado al PSOE. Ayer, el presidente de la Federación Española de Municipios y alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, manifestó su decisión de no apoyar en el Senado los matrimonios homosexuales.

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